Ya es oficial: la nueva Regla 70/30 para los Municipios y Prefecturas entra en vigencia.
- Gobernanza Local
- hace 5 días
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Contexto:
Este 23 de febrero de 2026 se publicó en el Registro Oficial (Sexto Suplemento N° 229) la Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Con su publicación, el proyecto calificado como urgente adquiere plena vigencia, transformando radicalmente la administración de las finanzas locales en el Ecuador.
La normativa impone un "shock fiscal" diseñado para priorizar la obra pública y frenar el crecimiento de la burocracia, condicionando directamente las transferencias del Presupuesto General del Estado al cumplimiento de parámetros de eficiencia.
A continuación, desglosamos los puntos clave de la reforma y nuestro análisis sobre su impacto en la gestión territorial.
1. La nueva Regla: el 70/30.
El núcleo de la ley radica en la obligación estricta para los municipios y prefecturas (las juntas parroquiales rurales quedaron excluidas de esta disposición) de destinar al menos el 70% de su presupuesto institucional anual codificado de egresos no financieros a gastos de inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura.
Es fundamental destacar que esta regla ya no aplica únicamente sobre las transferencias del Gobierno Central, sino sobre la totalidad del presupuesto del GAD, incluyendo sus ingresos propios (tasas, impuestos, contribuciones).
2. El respiro técnico: los estudios sí son inversión.
Uno de los riesgos operativos más graves del proyecto original era la imposibilidad de sostener a los equipos técnicos bajo el techo del 30% de gasto corriente. Sin embargo, el texto definitivo salvaguarda la planificación: el ítem presupuestario "73.06 Contratación de Estudios, Investigación y Servicios Técnicos Especializados" fue incluido expresamente dentro del cálculo del 70%. Esto garantiza que los GAD puedan financiar consultorías, diseños y fiscalizaciones, reconociendo que no hay ejecución de obra sin una planificación técnica rigurosa.
3. Un cronograma acelerado.
La ley acelera la adaptación. Las administraciones locales deben ajustar sus estructuras financieras de forma inmediata para cumplir con las siguientes metas progresivas:
Año 2026: Mínimo 65% de inversión.
Año 2027: Mínimo 68% de inversión.
Año 2028 y subsiguientes: 70% de inversión definitiva.
4. El "candado financiero" frente al incumplimiento.
La sanción para los GAD que no alcancen la meta de inversión es severa. El Ministerio de Economía y Finanzas limitará sus asignaciones al piso mínimo establecido en el artículo 271 de la Constitución.
En la práctica, esto significa una reducción drástica de transferencias automáticas: los GAD pasarán de recibir el 21% de los Ingresos Permanentes (IVA, Impuesto a la Renta) al 15%; y del 10% de los Ingresos No Permanentes (Petróleo) al 5%. Esta limitación financiera obligará a las administraciones a optimizar su recaudación y reducir ineficiencias internas.
Nuestro análisis: El verdadero reto de la capacidad institucional.
Desde la perspectiva del derecho administrativo y la gestión pública territorial, es preciso aclarar el debate jurídico en torno a esta norma: consideramos que la fijación de esta regla fiscal no vulnera la autonomía de los GAD. La autonomía otorga la libertad para decidir qué obras priorizar en el territorio, pero no exime a los niveles de gobierno de administrar los recursos con eficiencia.
La Corte Constitucional (sentencia No. 76-20-IN/24) ya ha establecido previamente que la autonomía no es absoluta y permite al legislador establecer controles "macrofiscales". Además, el propio COOTAD ya contempla intervenciones similares sobre recursos propios, como el artículo 249, que obliga a destinar el 10% de los ingresos no tributarios a grupos de atención prioritaria.
No obstante, el verdadero vacío de la ley es estructural. La disciplina financiera no instala infraestructura por decreto. Exigir que el 70% del presupuesto vaya a inversión asume, a nuestro modo de ver, erróneamente, que todos los municipios cuentan con las mismas capacidades técnicas operativas.
Si este "shock fiscal" no viene acompañado de una certificación de capacidades reales, el fortalecimiento de los equipos formuladores de proyectos, y un mecanismo de intervención estatal para proteger a las instituciones frente al crimen organizado, el cumplimiento del 70/30 corre el riesgo de convertirse en un simple éxito contable en el papel, pero sin impacto material en los servicios básicos que demanda la ciudadanía.
En Gobernanza Local Ec asesoramos a autoridades y equipos técnicos municipales y provinciales para optimizar sus finanzas, blindar su gestión y cumplir con las nuevas normativas de control fiscal. Contáctanos para una evaluación de tu presupuesto institucional.
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