CONTEXTO:
En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, algunos GAD se han planteado la posibilidad de emprender acciones para promover el desarrollo económico en sus jurisdicciones debido al impacto económico de la paralización generalizada de las actividades económicas. Entre las medidas que se han formulado, se ha generado el debate sobre la posibilidad de otorgar créditos por parte de los GAD a la ciudadanía para la reactivación de sus negocios.
FUNCIONES DE LOS GAD MUNICIPALES Y METROPOLITANO:
La Constitución y el COOTAD reconocen a los GAD Municipales y Metropolitanos, entre otras funciones, la de promover los procesos de desarrollo económico en sus respectivas jurisdicciones (Arts. 54 y 84, COOTAD).
¿ES ESTO SUFICIENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS?
No. El Código Orgánico Monetario y Financiero –COMF, establece que las actividades financieras, entre ellas, la intermediación financiera, que incluye el otorgamiento de créditos a particulares, son un servicio que únicamente puede ser prestado por las entidades que conforman el sistema financiero nacional (Art. 143, COMF).
El COMF establece una prohibición general a toda persona, natural o jurídica, que no forme parte del sistema financiero nacional, a realizar las actividades financieras descritas en dicha normativa (Art. 254, COMF).
El sistema financiero nacional, entre otros, se integra por el sector financiero público, el cual según el COMF está compuesto por los bancos y las corporaciones, creados y reconocidos como tales por la legislación nacional (Art. 161, COMF).
Es justamente el sector financiero público, el que según la reciente Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación -LOEI, tiene la obligación de generar programas crediticios para promover el emprendimiento, innovación y desarrollo tecnológico (Art. 29, LOEI).
¿QUÉ MEDIDAS PUEDEN ADOPTAR LOS GAD MUNICIPALES Y METROPOLITANO PARA PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO?
Hemos concluido que no es posible otorgar créditos, sin embargo, los GAD Municipales y Metropolitanos tienen, entre otras, la competencia para regular el ejercicio de las actividades económicas, el uso y ocupación del suelo, y los tributos que les corresponden.
Por ello, están facultados para adoptar medidas legislativas y administrativas que faciliten los procesos de licenciamiento de actividades económicas, autorizaciones de edificación, así como crear incentivos tributarios para la generación de nuevos emprendimientos en su jurisdicción, por ejemplo, con disminuciones en los valores a cancelarse por concepto de patentes e impuestos del 1.5 por mil sobre los activos totales.
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