En un reciente pronunciamiento (Oficio Nro. 14491, de 26 de diciembre de 2025), la Procuraduría General del Estado aclaró quién debe emitir la autorización institucional requerida por el artículo 42 de la Ley de Arbitraje y Mediación para someter a arbitraje internacional los contratos suscritos por empresas públicas.
